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REGISTRO FOTOGRÁFICO

La comunidad Nukak Makú es constantemente desplazada

Desplazados Bojayá (Chocó)

Desplazados Flandes (Tolima)

GENERALIDADES

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente. El Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda internacional para dar asistencia a este sector extremadamente vulnerable de la sociedad y apoyar la búsqueda de soluciones.

El problema de los desplazados internos en Colombia es una de las situaciones más graves del mundo. El Gobierno de Colombia estima que hay entre 2,5 y 3 millones de Desplazados Internos en el país, siendo 1.796.508 los registrados en el Sistema Único de Registro (SUR), hasta el 30 de abril de 2006. Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno.

LA DINÁMICA DEL DESPLAZAMIENTO

Causalidades y modalidades

El desplazamiento forzado en Colombia se ha venido convirtiendo en un fenómeno extremadamente complejo, dentro del cual coexisten múltiples causalidades y múltiples modalidades de afectación de la población civil.
La primera - que era la más frecuente al inicio del conflicto - consiste en el desplazamiento como
consecuencia (no deliberada) del enfrentamiento entre actores armados o entre alguno de éstos y la fuerza pública, cuando la población huye por carecer de las garantías mínimas de protección de su vida e integridad física.

Con el paso del tiempo el desplazamiento se fue convirtiendo en parte sustantiva de la estrategia de control político-militar de los actores armados, que en muchas ocasiones tenía (o tiene aún) un
carácter temporal. Sin embargo, contemporáneamente el desplazamiento como estrategia ha tendido a convertirse en permanente, de manera que los actores armados buscan consolidar su control territorial para instaurar o controlar procesos de producción de cultivos ilícitos y garantizar el tráfico de armas e ingreso ilegal de divisas, entre otras cosas. En muchos de estos casos se produce una “sustitución de la base social”, de manera que la población desplazada es reemplazada por personas afectas al respectivo actor armado, y a ellas les son transferidos activos tales como tierra e inmuebles.

Desde hace unos años, han surgido nuevas modalidades en las que la población residente ya no es
desplazada, sino que se ve obligada por el respectivo actor armado a vincularse de manera forzada a los procesos productivos ilegales, sin posibilidades de salir de la zona para proteger su vida, integridad y libertad. También se ha extendido el fenómeno de las comunidades “sitiadas” o “encajonadas” por un actor armado, que colocan a la población en situación de emergencia humanitaria y que en ocasiones se prolongan por largo tiempo sin que sea posible romper el bloqueo de alimentos medicamentos, combustibles, etc., por parte del Estado o de agentes humanitarios. Esto hace necesario desarrollar alternativas efectivas de protección y de atención humanitaria de emergencia por parte del Estado y de la Sociedad, en donde la modalidad de pactos humanitarios y misiones humanitarias tendría un papel muy importante.

Así mismo, están surgiendo dos modalidades de expulsión y desplazamiento antes poco conocidas, como son el desplazamiento intra-urbano, es decir de familias entre zonas de la ciudad, e interurbano, consistente en la expulsión de familias desde una ciudad hacia otra, generadas por amenazas de actores armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas de las mismas (los ejemplos más conocidos son los de Barrancabermeja y Medellín, y contemporáneamente Bucaramanga y Cúcuta). Es muy frecuente, incluso, que las familias afectadas sean víctimas en este caso de un segundo desplazamiento forzado.

A las modalidades descritas se agrega la de los desplazamientos temporales entre veredas de un
mismo municipio, casos en los cuales la población adopta esta táctica como una manera de salvaguardar su vida y su seguridad, pero resistiéndose a un desplazamiento radical por parte de los actores armados que ejercen la amenaza. Finalmente, la más dramática de las nuevas modalidades la constituye el desalojo planeado de localidades enteras por parte de los actores armados, quienes obligan a las comunidades a trasladarse masivamente bajo su vigilancia y a permanecer en un sitio distinto al de origen (por ejemplo, Mapiripán).

Una mención aparte merece el tema de los desplazamientos de la fuerza de trabajo vinculada a cultivos ilícitos (trabajadores denominados “raspachines”) generados por la erradicación de los mismos, la mayoría de las veces mediante aspersión aérea. En muchas regiones, tales como el Catatumbo o Putumayo, resulta prácticamente imposible deslindar el desplazamiento producto del conflicto del desplazamiento generado por la fumigación.

Pero también es muy importante destacar los desplazamientos asociados a los procesos de apropiación y concentración de la propiedad de la tierra. Estos pueden ser promovidos por personas o actores con un interés económico (entre los cuales al menos se ha identificado a los grandes narcotraficantes) que operan a través de grupos de acción privados, o por los mismos actores armados que obligan a los campesinos a abandonar tierras y cultivos.

CONFLICTO, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DESPOJO DE TIERRA

Desde 1997, existen estudios que demostraban la existencia de la convergencia entre la violencia
política y la violencia relacionada con la concentración de la tierra. Esta ya se evidenciaba en la Costa Atlántica, Chocó y Urabá antioqueño, regiones en las cuales el desplazamiento era significativamente mayor que en el Nor-oriente, Región Andina y Sur-occidente, donde eran menos significativas las incidencias del conflicto por la tierra. “En condiciones locales de guerra no sólo es imposible plantear demandas sociales, sino que el problema pasa a ser cómo asegurar la estabilidad de la población en su territorio, pues éste adquiere valor estratégico para los adversarios. El desplazamiento se produce cuando las amenazas plantean el dilema entre la propiedad y la vida, y cuando es mayor la incapacidad del Estado para protegerlas”.

En un sentido más general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cita informaciones según las cuales “el 65% de los jefes de hogares desplazados que poseían tierra, tuvieron que abandonarlas como consecuencia de los hechos de violencia que les obligaron a huir.
Esta estadística tiende a confirmar una vez más que alrededor de los fenómenos violencia y confrontación armada se ocultan intereses económicos relacionados con la llamada “contrareforma” agraria que afecta a pequeños y medianos propietarios”, lo cual le permite afirmar que “existe una estrecha relación entre injusticia social, particularmente el despojo de tierras, y el desplazamiento interno, cuyas causas primarias son anteriores al conflicto armado” y que esta deriva en “un acelerado proceso de concentración de la propiedad rural en detrimento de la población, con cambios drásticos en el uso y tenencia de tierras”.

De otro lado, la Contraloría General de la República presentó, el 10 de octubre de 2000, un informe según el cual la guerra ha concentrado la propiedad de la tierra de manera tal que entre 1985 y 1996 los predios de tamaño grande (más de 500 has.) pasaron de 9,6 millones a 19,2 millones de hectareas, situación que era especialmente notoria en el corredor que se inicia en el Urabá antioqueño y termina en Norte de Santander, pasando por el Magdalena Medio. Agregaba el informe que los narcotraficantes seguían siendo propietarios de 2 millones de hectáreas, hecho que también ayudó a la concentración de la propiedad rural.

Dicho fenómeno fue confirmado en un nuevo estudio de la Contraloría divulgado recientemente, en el cual se concluye que más del 40% de las tierras fértiles del país (cuatro millones de has.) han sido adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico, y agrega que entre 1984 y 1996 las propiedades de más de 500 has. pasaron de 11 millones a 22.6 millones de has. y que las propiedades menores de 5 has. se redujeron de 3.4 millones en 1985 a 2.2 millones en el 2001.
Como se verá más adelante, el tema de la recuperación de las tierras abandonadas o perdidas por parte de la PD, o la correspondiente indemnización por parte de quien realizó el despojo o por parte del Estado, se constituyen en uno de los puntos críticos de la reparación de sus derechos.
Ello, si se tiene en cuenta que la RSS estima que al menos la tercera parte de la PD era propietaria o poseedora de tierras antes del desplazamiento, y que en una encuesta de CODHES (año 2001, muestra de 7.142 familias) el 53% de las familias declaraban que eran propietarios y el 32% tenían la tierra en posesión, para un total del 85%. Así mismo, según CODHES, entre 1995 y 2001 habrían cambiado de dueño 3,500,000 has., especialmente en Córdoba y Urabá.

CAUSAS Y ACTORES

La gran mayoría de los desplazamientos se origina por amenazas generalizadas y por el temor a las consecuencias de los enfrentamientos armados sobre la población civil. Adicionalmente, debe señalarse la tendencia a crecer de manera muy importante (creció el 100%) la cantidad de desplazamientos derivados específicamente de los enfrentamientos armados. Por el contrario, son minoritarios los casos en los cuales el desplazamiento obedece a amenazas específicas.

De otro lado, en cuanto al comportamiento de los autores, puede destacarse el hecho de que entre 1985 y 2001, la guerrilla disminuyó ostensiblemente su participación en la autoría de los desplazamientos, mientras que para las autodefensas el desplazamiento se convirtió en una estrategia cada vez más importante, dado que el número de desplazamientos causados por éstas se duplicó. Adicionalmente, los desplazamientos causados por la fuerza pública prácticamente desaparecieron en el año 2000.

En cambio, a partir del 2002 la situación comienza a cambiar radicalmente ya que las autodefensas disminuyen sustancialmente su actividad como generadores de desplazamientos (en tanto que la guerrilla reactiva su ofensiva contra la población civil), pero la mayor parte de los desplazamientos fueron causados por dos o más actores, lo cual es consistente con el crecimiento de los enfrentamientos armados como causalidad del fenómeno, tal como se mencionó atrás.

CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL Y TERRITORIAL DEL DESPLAZAMIENTO


La población afectada

De acuerdo con la información suministrada por la RSS, aproximadamente el 50% de la PD corresponde a mujeres, y el 42% a menores de 18 años; el 90% es de origen rural o semirural y una tercera parte tiene o tenía tierras en su lugar de origen; el 50% se ubica en los cinturones de miseria de las grandes ciudades; en 2002, el 9.2% correspondía a comunidades afrocolombianas, y el 3,4% a comunidades indígenas.

El desplazamiento forzado afecta a amplios sectores de la población colombiana, predominantemente en el ámbito rural, pero sus efectos son diferenciados sobre los distintos grupos poblacionales y además implican impactos más severos sobre algunos grupos especialmente vulnerables. Según lo muestran las estadísticas y los estudios específicos, el desplazamiento afecta de manera crítica a las mujeres cabeza de familia, a los niños y niñas, y a las comunidades indígenas y afrocolombianas.

En cuanto al impacto del desplazamiento sobre las mujeres, la RSS señala que “El desplazamiento tiene efectos específicos sobre las mujeres; en su mayoría, éstas se convierten en jefas de hogar debido a la viudez, a la ruptura de sus relaciones de pareja, o a la pérdida de su compañero o de sus hijos. Aparte de que el destierro ocasiona un fuerte trauma psicológico, el desplazamiento hace recaer casi exclusivamente en ellas la responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la familia”. Un dato que ilustra lo anterior, es que en 2001 el 47% de los hogares desplazados tenía jefatura femenina (32,334), proporción que creció al 49,6% en 2002 (37,537).

De acuerdo con estudios realizados desde una perspectiva de género por el ACNUR, “los efectos del desplazamiento forzado presentan rupturas y pérdidas más fuertes para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, en el contexto urbano, el desempleo suele afectar más seguramente a los hombres que a las mujeres. Mujeres y hombres buscan de manera diferenciada apoyo en su entorno: los hombres en la asistencia por parte de entidades gubernamentales, mientras que las mujeres desarrollan un sentido más práctico para garantizar la supervivencia de la familia. Frente a un retorno que no garantiza la seguridad personal, ni el acceso al empleo o a la propiedad, las mujeres desplazadas suelen preferir la integración urbana”.

El impacto sobre la niñez es definitivamente dramático: UNICEF y CODHES estiman que entre 1985 y 2002, cerca de 1,750,000 niños y niñas tuvieron que huir de sus lugares de origen. De acuerdo con los estimativos de la RSS con base en la población registrada, el número de niños y niñas sería aproximadamente de 482, 500 (42% de la población registrada). En el mismo período señalado el 86% de los hogares en situación de desplazamiento incluye niños y adolescentes: de ellos, el 14% tiene un menor, el 23% dos, el 25% tres, el 8% cuatro, el 10% cinco, el 5% seis, el 2% siete y el 3% ocho o más. Adicionalmente, sólo el 40% han continuado sus estudios, y sólo el 10% a terminado el bachillerato. Además, 1,225,000 han tenido serios problemas de salud sin haber obtenido atención médica.

Uno de los problemas más serios es el reclutamiento forzado de menores: Human Rights Watch estima que alrededor de 11,000 niños y niñas han sido reclutados por los grupos armados (la mayor parte de ellos por la guerrilla), y que uno de cada cuatro guerrilleros o paramilitares es menor de edad.

En lo referente a las comunidades indígenas la RSS estima que, entre enero de 2000 y junio de 2002, éstas constituían el 3,75% del total de la PD. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2003 “El conflicto, un callejón con salida” de las Naciones Unidas, “Los grupos armados penetran en territorios ancestrales de los pueblos indígenas – que cubren algo así como la cuarta parte del territorio nacional -, desconocen sus autoridades autóctonas y pretenden imponerles su ley. Además, se convierten en la punta de lanza de sectores interesados en apropiarse o usufructuar sus tierras o los recursos naturales situados en ellas”.

Adicionalmente, la decisión de estas comunidades de no tomar partido en la confrontación armada, de “resistir” al desplazamiento y de defender sus espacios socioculturales, las han conducido en muchos casos a ser declaradas “objetivo militar” por parte de los actores armados. El impacto sobre las comunidades indígenas es particularmente importante dado que su apego su
relación territorio-identidad es muy fuerte: “conciben el territorio como medio de subsistencia, zona de refugio, fuente de recursos, área geopolíticamente estratégica, pero también como paisaje, belleza natural, entorno privilegiado, objeto de apego afectivo, tierra natal, pasado histórico y memoria colectiva”.

De otro lado, dado el tamaño reducido de la población que conforma cada comunidad, el desplazamiento de unas “pocas personas” constituye en la práctica la desaparición de la comunidad entera. De hecho, los asesinatos selectivos o las desapariciones de autoridades y líderes indígenas implican para la respectiva comunidad la pérdida de los seres en los que se concentran el saber acumulado, la información y el poder. De allí que en muchos casos traten de no abandonar su territorio de manera definitiva sino que se desplacen de manera itinerante dentro de este, los que dificulta la detección de su situación crítica y la llegada de la atención humanitaria.

Respecto a las comunidades afro-colombianas, la RSS reporta que entre enero de 2000 y junio de 2002, éstas constituyen el 17,72% del total de la población desplazada del país. De acuerdo con el INDH 2003 citado, “la mayoría de afro-descendientes con bajo mestizaje vive en las zonas
marginales y ha sido víctima de la expansión del conflicto en años recientes, toda vez que sus áreas de asentamiento son muy atractivas para los grupos armados: fuentes de riqueza mineral, cercanía a los océanos y barreras naturales que los protegen de las autoridades”.

También en este caso existe una estrecha relación entre población y territorios, lo que hace a estas comunidades muy dadas a resistir en lo posible al desplazamiento, y muy proclives a retornar en cuanto puedan. Además de los factores culturales, un factor que tiene fuerte influencia en ello es la titulación colectiva de tierras iniciada desde el año 2000 y ya completada en muchas de las zonas con base en la Ley 70 de 1993.